Con alegría nos hemos enterado que está ad portas de promulgarse el proyecto de ley que incentiva la inclusión laboral de personas con discapacidad y que modifica la Ley N° 20.422 y el Código del Trabajo, estableciendo una obligación legal de empleos para personas con discapacidad a todas las empresas y organismos públicos con una dotación mayor a 100 trabajadores o funcionarios.
Destaca en este proyecto, la derogación inmediata del Artículo 16 de la ley N° 18.600, el cual establece que las personas con discapacidad mental pueden pactar con el empleador una remuneración inferior al mínimo legal. Una vez que la ley se haga oficial, este escenario ya será parte del pasado y las personas con discapacidad cognitiva podrán recibir igual sueldo por igual labor.
Sólo la discusión de esta ley en el parlamento ha incrementado el interés en las empresas respecto a formar equipos de trabajo diversos, que incluyan a las personas con discapacidad como colaboradores productivos. Hoy la inclusión laboral se entiende como parte de una estrategia de negocio sustentable, visibilizando en la gestión de la diversidad una captura de valor que ha permitido superar la mirada filantrópica o asistencialista que usualmente motivaba este tipo de iniciativas.
Hace 9 años que nuestro país ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la próxima promulgación de esta ley es un avance significativo en esta materia. Además, es una herramienta que derriba barreras y abre puertas hacia una sociedad inclusiva, donde se promueve el rol productivo de las personas con discapacidad tanto desde la certificación de sus competencias y habilidades, como también a partir de la evaluación de su desempeño como un colaborador que al igual que todos aporta valor e impacta positivamente a la cultura organizacional de las empresas y organismos públicos de nuestro país.
Carola Rubia D.
Directora Ejecutiva
Fundación Descúbreme